(15/01/14)

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Luis Antonio Vidal

Mateo Jacinto: sentenciado post mortem

La noticia se publicó en la portada de los diarios locales, el pasado viernes 10. La Procuraduría General de Justicia había detenido a una banda de secuestradores en Huimanguillo, entre ellos, policías municipales que, en vez de servir a la sociedad, presuntamente militaban en el bando de los rudos.

Un rotundo éxito, se presumió, adjudicado al equipo de inteligencia de Fernando Valenzuela y sus muchachos. Aplausos.

Poco duró el gusto. El gozo se fue al pozo.

La madrugada del sábado 11, los vítores y elogios se convirtieron en angustiosa incertidumbre.

En manos de agentes ministeriales falleció un policía detenido, de nombre Mateo Jacinto Rodríguez, acusado de estar involucrado con la delincuencia organizada.

Y ahí se derrumbó el castillo de arena. La PGJ pasó de acusadora a acusada.

Presunto inocente

Mateo gozaba de la presunción de inocencia, una garantía procesal de acuerdo al marco jurídico vigente en México. En pocas palabras, era inocente hasta que se le probara lo contrario.

No obstante, más allá de la situación jurídica del detenido, el caso dio un giro de 180 grados. Mateo murió por un infarto al miocardio, porque no tuvo una atención médica oportuna en el hospital Juan Graham.

Y entonces las dudas sobre tortura y negligencia médica aderezan este caso, convertido ya en un escándalo nacional.

Es la hora que el flamante secretario de Salud, Juan Filigrana, no ha explicado a la prensa, para que le transmita a la sociedad, qué fue realmente lo que sucedió la madrugada del sábado.

Si la Secretaría de Salud no acepta preguntas, simplemente es porque no tiene respuestas. Desde muy arriba se protege a Filigrana que de salud conoce lo mismo que este redactor sabe de física cuántica.

En este caso, el gobernador Arturo Núñez ha cumplido su palabra, y eso hay que reconocerlo. No ha salido a dar la cara por su amigo Secretario… pero tampoco le ha permitido al funcionario dé la cara a la ciudadanía por lo sucedido en urgencias de un hospital del sector del cual él es responsable.

Como dice la sentencia popular, a Valenzuela le cayó el muerto, porque su dependencia giró un boletín donde se acusó que no había personal médico de guardia que atendiera al infartado. El Procurador rectificó al día siguiente, el domingo 12. Corrigió la plana y calificó esa recriminación descrita en el boletín como un “lamentable error de redacción”.

Como no se le puede someter al polígrafo, con las reservas del caso hay que creerle al Procurador cuando dice que sí había médicos y que sí atendieron a Mateo.

Este nuevo expediente, de la muerte de Mateo, ya está en manos de la PGR.

Condenar a un muerto

Además de demostrarle a la PGR que Mateo no fue sometido a tortura y que sí fue atendido con oportunidad en el Juan Graham (como seguramente sucede con toooodos los que acuden a ese hospital a la una de la madrugada), la PGJ tiene otro desafío: comprobar que el oficial Mateo Jacinto era culpable del delito que se le imputó.

Porque de acreditarse en tribunales la inocencia de los otros detenidos –y en consecuencia la del hoy finado – la PGJ tendrá en su palmarés otro imperdonable error: provocar el deceso de una persona arrestada sin motivo alguno.

Así que jure usted, o apuéstele a su vecino doble contra sencillo, que la Procuraduría encontrará elementos suficientes para sentenciar a los policías detenidos de Huimanguillo y serán puestos a disposición del juez para que pronto los entambe.

Para justificar su detención serán declarados culpables, misma suerte que habría corrido Mateo Jacinto.

Para la PGJ es prioritario, vaya, es indispensable demostrar la culpabilidad del muerto.

O lo logra, o los altos mandos vivirán el resto de sus días en la ignominia, al haber detenido a un inocente y causarle la muerte.

De esa atípica sentencia post mortem también depende el futuro político de su titular.

De los males, el menor, reflexionaría el gobernador Núñez.

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